El Gobierno Nacional ha puesto a consideración de la ciudadanía un proyecto de decreto que pretende transformar la operatividad del sistema pensional en Colombia. La iniciativa busca garantizar que los pensionados por riesgos laborales del antiguo ISS-ARL —hoy administrados por la UGPP— reciban sus mesadas sin interrupciones. El núcleo de la propuesta es permitir que el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) realice los pagos de manera prioritaria, incluso si los derechos no han sido incluidos en el cálculo actuarial inicial, evitando que el ciudadano soporte las demoras de los trámites internos entre entidades estatales.
Un eje central del proyecto se enfoca en la indemnización sustitutiva para quienes trabajaron en el sector público sin que se realizaran cotizaciones a pensión. El texto proyectado establece que la responsabilidad de este reconocimiento recaerá directamente en la entidad pública empleadora o su sucesora pensional. Para determinar el monto, se propone incluir la totalidad de las semanas servidas, incluyendo aquellas anteriores a la Ley 100 de 1993, aplicando la misma fórmula de liquidación del régimen general para evitar discriminaciones y largos pleitos judiciales que hoy saturan el sistema.
Desde la posición técnica de IMPERA Abogados, advertimos que, aunque es un proyecto, su contenido traza la hoja de ruta para la gestión de pasivos pensionales de nuestros clientes. La propuesta incluye una fórmula técnica (VAA) para convalidar y trasladar los recursos de quienes prestaron servicio en la Fuerza Pública hacia el sistema general, facilitando el financiamiento de sus pensiones de vejez. Esta reglamentación busca simplificar procesos financieros complejos y unificar competencias que hoy se encuentran dispersas en diversas cajas y fondos liquidados.
En conclusión, este proyecto de decreto se perfila como una herramienta para reducir la brecha de desprotección social y la litigiosidad contra el Estado. Los puntos de control que recomendamos anticipar incluyen la revisión exhaustiva de historias laborales para identificar periodos públicos sin aportes que podrían generar reclamaciones. En IMPERA Abogados, sostenemos que la normalización pensional es una necesidad apremiante para asegurar que la protección del mínimo vital sea efectiva, oportuna y ajena a las formas administrativas internas.