La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-117 de 2026, ha tomado una decisión que cambia las reglas de juego para miles de ciudadanos que aspiran a un empleo público. El alto tribunal analizó la Ley 2418 de 2024 (conocida como la Ley de Reserva de Plazas) y ordenó que sus beneficios se apliquen en absolutamente todas las entidades del Estado, sin importar si tienen un régimen de carrera especial.  

Pero esto debe entenderse con cuidado: la decisión no significa que se deban repetir los concursos que ya terminaron o que ya tienen una lista de elegibles en firme. Tampoco significa que se elimine el requisito del mérito o las pruebas técnicas para el cargo. Lo que dijo la Corte es que entidades como la DIAN, la Fiscalía, las Universidades Públicas o la Contraloría, ya no pueden ignorar las medidas de inclusión bajo el argumento de tener autonomía propia.  

El punto clave está en las “medidas afirmativas”. Estas son ayudas necesarias para que una persona con discapacidad compita en igualdad de condiciones. La Ley 2418 de 2024 establece tres grandes garantías: la reserva de un número específico de puestos, la inscripción gratuita a los concursos y la obligación de realizar “ajustes razonables” (es decir, adaptar las pruebas o el entorno a las necesidades del aspirante).  

Entonces, ¿por qué intervino la Corte? Porque el Congreso, al redactar la ley, solo mencionó al “sistema general” de carrera. Para la Corte, esto fue una inconstitucionalidad por omisión (en palabras simples: se quedaron cortos al escribir la ley y excluyeron a personas que tenían el mismo derecho a participar en otros sectores del Estado). Por eso, ahora es necesario y obligatorio que estas reglas de inclusión se apliquen de forma universal.  

¿Qué efecto tiene esto para usted como aspirante o servidor público?  

• Si usted tiene una discapacidad y desea concursar: Esta noticia le abre las puertas a entidades con regímenes especiales que antes podían no ofrecerle gratuidad o reserva de plazas.  

• Si usted es responsable de talento humano en el Estado: Debe revisar y ajustar sus próximas convocatorias. La intangibilidad de los derechos (es decir, el carácter intocable de los derechos fundamentales) de esta población exige que los estándares de accesibilidad sean el mínimo obligatorio para cualquier concurso.  

La enseñanza jurídica es clara: el mérito en Colombia no puede ser una barrera para la inclusión. Las entidades pueden tener sus propias reglas para contratar, pero no pueden pasar por encima de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo de las personas con discapacidad.  

En conclusión, esta sentencia garantiza que la ley de reserva de plazas sea una realidad en cada rincón de la administración pública. En IMPERA Abogados, recomendamos a las entidades y aspirantes analizar cada convocatoria bajo estos nuevos estándares, pues un concurso que ignore estas medidas de inclusión podría ser objeto de demandas o tutelas.  

FUENTE: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado-19-Mayo-6-de-2026-f