La expedición del Decreto 0223 de 2026 marca un hito en la arquitectura del derecho laboral colombiano al unificar las reglas de juego para la transición del aula al entorno productivo. La importancia de esta norma no es meramente compilatoria; responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a un sector que, por años, operó bajo una dispersión normativa que facilitaba la precarización o el uso indebido de la figura del aprendiz. La reciente unificación normativa impulsada por el Ministerio del Trabajo no es solo un ajuste de términos; es el escenario real donde la formación académica se
cruza con la protección laboral absoluta, eliminando la frontera que separaba al estudiante del ecosistema de seguridad social y derechos colectivos.
Esta transformación responde a una línea jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia venía trazando en sentencias como la SL1439-2021, donde se advertía que el aprendizaje no podía ser una forma de “mano de obra barata”. Con el nuevo decreto, el apoyo de sostenimiento se liga al 100% del salario mínimo para universitarios y fases prácticas, incorporando el derecho a cesantías, primas y, lo más polémico, el derecho a la huelga y la asociación sindical. Además, se ratifica que los aprendices gozan de estabilidad laboral reforzada, lo que significa que un fuero de salud o de maternidad impide la terminación del contrato al finalizar la etapa de práctica sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo, tal como lo ha señalado la Sentencia CSJ SL1151-2023.
Desde la postura de IMPERA Abogados, observamos con cautela esta “laboralización” del aprendizaje. Si bien es loable garantizar condiciones dignas para el primer empleo, imponer cargas prestacionales plenas y derechos colectivos a estudiantes en formación pone en riesgo el propósito pedagógico de la figura. Para el empresario, el costo de un aprendiz es hoy casi idéntico al de un trabajador raso, pero con la carga adicional de la tutoría. Consideramos que este incremento en los costos no salariales, sumado a la rigidez que imponen los fueros de estabilidad, podría incentivar a las organizaciones a preferir perfiles con experiencia en lugar de invertir en el semillero de talento joven. El gran reto para las empresas hoy es reestructurar sus programas de prácticas bajo un modelo de cumplimiento preventivo, donde la finalización de la etapa de aprendizaje esté blindada ante posibles demandas por estabilidad reforzada.
⚖️ Este artículo fue elaborado por el equipo jurídico de IMPERA ABOGADOS S.A.S. con base en la normativa vigente a abril de 2026. Si la norma o jurisprudencia ha sido modificada con posterioridad, puede requerir actualización.
📅 Publicado: El 6 de abril de 2026
🔄 Última actualización: 6 de abril de 2026